El pasado jueves 31 de julio se llevó a cabo en el Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez (Polo Judicial) la primera capacitación para sumariantes del Ministerio Público Fiscal (MPF), en el marco del Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia. La jornada estuvo destinada a agentes de los tres primeros distritos judiciales- policiales en los que ya comenzó la implementación territorial del plan (DJP 3, 4 y 10), y participaron fiscales, fiscales de distrito, equipos técnicos del MPF y representantes del Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC).
Durante la apertura, el presidente del COPEC, José Emilio Graglia, brindó una conferencia titulada “Hacia una política territorial de seguridad y justicia basada en evidencias”, donde planteó la necesidad de articular políticas con base empírica, una mirada local y mecanismos de evaluación independientes.
Capacitación técnica y articulación institucional
La capacitación se centró en el rol del sumariante como actor clave en la recolección y sistematización de datos para la persecución penal. Bajo el título “El rol del sumariante en la generación de datos para la persecución penal”, se abordaron procedimientos, registros y protocolos que serán esenciales para el nuevo modelo de gestión territorial de la justicia.
Se trató de un evento impulsado por el Ministerio Público Fiscal como parte del proceso de formación para los equipos operativos del plan, con presencia activa del COPEC como organismo externo de monitoreo, en articulación con el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Justicia y el Ejecutivo provincial.
El rol estratégico del COPEC en el plan territorial
En este contexto, el COPEC, a través del Observatorio de Seguridad y Convivencia, asumirá un rol central en el diseño de instrumentos de análisis, monitoreo y evaluación territorial. Su trabajo estará enfocado en generar bases de información integradas, desarrollar criterios técnicos para la evaluación de las políticas públicas y contribuir a la construcción de indicadores que permitan medir avances y resultados. La posibilidad de contar con diagnósticos dinámicos, abiertos y accesibles será clave no solo para la toma de decisiones, sino también para transparentar el funcionamiento del sistema y fortalecer la confianza ciudadana.
El Instituto, a través del Observatorio, elaborará informes sobre cada una de las dimensiones para aportar al conocimiento sobre la manifestación de la criminalidad y las violencias, como así también sobre el impacto de los recursos con que cuentan los territorios.
