El Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) presentó el documento “Política de Persecución Penal y Gestión del Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba. Evaluación 2021–2026”, un trabajo que analiza de manera integral el proceso de transformación institucional llevado adelante en el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Provincia de Córdoba durante los últimos cinco años.
La evaluación, dirigida por César Murúa y coordinada por Juan Esteban Maggi, se inscribe en la misión del COPEC de producir conocimiento estratégico orientado a mejorar la calidad de las políticas públicas y fortalecer las capacidades institucionales de la provincia.
Alcance de la evaluación
Tomando como referencia el Plan de Desarrollo Institucional 2021-2026 del MPF, el núcleo del estudio se concentra en una descripción detallada del diseño, implementación y resultados de una serie de dispositivos y políticas clave. Entre ellas se encuentran la lucha contra el narcotráfico y el narcomenudeo, el Plan de Gestión Territorial, la Unidad Fiscal de Flagrancia, las políticas de género y derechos humanos, la lucha contra el cibercrimen y la gestión de la evidencia digital, la política contravencional, el Programa de Orientación Judicial, el dispositivo de clasificación de casos y el Instituto de Formación. Cada una de estas acciones, tanto en su especificidad como en su conjunto, permite comprender la lógica de transformación institucional impulsada durante el período analizado.
Principales ejes identificados
El análisis de estas políticas permitió identificar una serie de constantes que atraviesan la gestión. En primer lugar, se destaca un proceso de federalización de la política de persecución penal, con mayor proximidad a la ciudadanía y capacidad de respuesta en el territorio. A su vez, se observan avances en materia de innovación organizacional, con la creación y consolidación de fueros especializados, junto con la definición de criterios de actuación y el mapeo de procesos.
Asimismo, se evidencia un fortalecimiento sostenido de las instancias de capacitación y formación del personal, acompañado por una creciente vinculación interinstitucional. Estos aspectos representan, al mismo tiempo, dimensiones sobre las cuales profundizar y una agenda de cuestiones pendientes, toda vez que los resultados alcanzados no necesariamente han implicado soluciones integrales a problemáticas que son por demás complejas, cambiantes o, en algunos casos, discordantes.
Hacia la construcción de políticas de Estado
Las líneas de trabajo del MPF constituyen la implementación de la política de persecución criminal de la Provincia. Sus resultados concretos, combinados con los aprendizajes institucionales durante el proceso de ejecución, son insumos empíricos esenciales para transitar el proceso que lleva de una política pública hacia una política de Estado. Ésta es la contribución de la evaluación de gestión.
Pero además, deben confluir condiciones institucionales anteriores que permitan la construcción de estabilidad, credibilidad y eficacia. Sin este anclaje institucional, los Estados afrontan el riesgo de una “amnesia institucional”, donde cada nueva gestión de gobierno intenta refundar la administración estatal, resultando en un uso ineficiente de los recursos públicos y pérdida de legitimidad ciudadana frente a la falta de soluciones efectivas a problemas recurrentes.
Condiciones institucionales y proyección a futuro
El análisis de COPEC permitió identificar cómo en el MPF de la Provincia de Córdoba se congregan condiciones que favorecen el trayecto hacia una política de Estado. Entre ellas, se destacan su jerarquía constitucional y las funciones esenciales asignadas por la Constitución provincial, su creación por ley con independencia orgánica funcional, el mecanismo de designación de sus autoridades y la existencia de un plan de desarrollo institucional que orientó la gestión entre 2021 y 2026.
A esto se suma la articulación sostenida con los demás poderes del Estado y la continuidad de las líneas de trabajo más allá de los cambios de gobierno, junto con el rol del COPEC como organismo técnico que evaluó la implementación de la política y formuló recomendaciones para su proyección a largo plazo.
En este sentido, el presidente del COPEC, José Emilio Graglia, destacó la importancia estratégica del proceso y su vínculo con la calidad institucional: “Esta evaluación no es un ejercicio aislado. Se inscribe en la misión institucional del COPEC: identificar los desafíos del mediano y largo plazo para orientar el diseño de políticas públicas basadas en fundamentos técnicos y consensos intersectoriales”. En esa línea, remarcó que el trabajo se vincula directamente con la construcción de la Agenda Estratégica Córdoba 2035, aportando información clave para anticipar escenarios y fortalecer las capacidades del Estado frente a los desafíos futuros.