Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba

El COPEC y el Ministerio Público Fiscal firmaron un convenio de cooperación para fortalecer y formalizar la articulación interinstitucional

El acuerdo establece un marco de colaboración técnica e institucional orientado a la generación de diagnósticos, capacitación y proyectos conjuntos con impacto territorial.

El Consejo de Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) y el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba (MPF) suscribieron un convenio marco de colaboración institucional que tiene como finalidad fortalecer las capacidades técnicas, optimizar la formación de recursos humanos y desarrollar proyectos que aporten evidencia para la toma de decisiones en materia de seguridad y justicia.

La firma fue encabezada por el Fiscal General Adjunto, José Antonio Gómez Demmel, y el presidente del COPEC, José Emilio Graglia. El acuerdo se enmarca en la Ley Provincial de Seguridad Pública y Seguridad Ciudadana (N° 10.954) y en el Plan de Desarrollo Institucional 2021–2026 del MPF, generando un espacio de articulación interinstitucional con perspectiva de mediano y largo plazo.

Un convenio para potenciar formación, investigación y proyectos conjuntos

A partir de este convenio marco, se prevé la firma de convenios específicos y actas para la ejecución de proyectos conjuntos. Estos podrán abarcar actividades académicas, de divulgación y de vinculación tecnológica, con foco en la capacitación de fiscales, equipos técnicos y sumariantes, así como en el desarrollo de diagnósticos y herramientas de análisis territorial.

El Instituto de Planificación y Formación para la Seguridad y Convivencia del COPEC tendrá un rol central en la planificación, ejecución y evaluación de estas acciones, aportando experiencia en el diseño de programas de capacitación y en el monitoreo de políticas de prevención y lucha contra las violencias y delitos.

Con este convenio, ambas instituciones refuerzan su compromiso con la cooperación técnica, la innovación y la transparencia en la gestión pública, consolidando un modelo de trabajo basado en la evidencia y en la articulación entre actores del sistema de seguridad y justicia.

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