El Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) presentó los resultados de la evaluación de los primeros seis meses del Sistema Integral de Flagrancia (SIF) y su articulación con el Plan de Gestión Territorial en Seguridad y Justicia. La exposición se realizó el martes 17 de noviembre en el Auditorio del Centro Ricardo C. Nuñez del Polo Judicial y estuvo a cargo de José Emilio Graglia, Presidente del COPEC, y de Carla Tassile, vicepresidenta del COPEC y responsable del Observatorio de Seguridad y Convivencia.
El informe, elaborado por el Observatorio de Seguridad y Convivencia, examinó el funcionamiento del nuevo modelo entre marzo y agosto de 2026, identificó sus principales resultados y señaló desafíos para consolidar la articulación entre las unidades especializadas de flagrancia y las fiscalías territoriales.
La actividad de presentación realizada por el COPEC fue acompañada por el Instituto de Formación del Ministerio Público Fiscal, el Centro de Perfeccionamiento Ricardo C. Núñez y el Centro de Capacitación y Desarrollo de la Defensa Pública.
Más respuestas procesales y nuevas modalidades de resolución
Uno de los principales resultados de la evaluación es el incremento del 31,8 % en las respuestas procesales respecto del mismo período de 2025. Durante los primeros seis meses de implementación del nuevo esquema se registraron 3.377 respuestas, frente a las 2.563 del modelo anterior: 814 más.
El crecimiento estuvo acompañado por una mayor diversificación de las respuestas. Las solicitudes de suspensión del proceso a prueba pasaron de 4 a 191, mientras que los pedidos de juicio abreviado inicial aumentaron un 73,8 %, de 526 a 914. En paralelo, se mantuvo un nivel similar de requerimientos de citación a juicio: 1.489 en 2026 frente a 1.527 en 2025.
Durante el período analizado ingresaron 3.690 casos al Sistema Integral de Flagrancia, con un promedio de 615 casos mensuales. La duración aproximada de los procesos fue de 30 días corridos, mientras que el primer contacto efectivo de las personas imputadas con la defensa se produjo, en promedio, a los tres días del hecho.
Estos indicadores permiten observar cambios en los tiempos de respuesta y en las alternativas de tratamiento de los conflictos penales, sin una reducción significativa del nivel de acusación.
La evaluación también analizó los cambios organizativos que introdujo el nuevo sistema. Los casos de flagrancia se concentran en dos sedes especializadas, Norte y Sur, lo que permite que las fiscalías territoriales dispongan de mayor capacidad para investigar y abordar la conflictividad propia de sus distritos.
Ambas estrategias se articulan sobre una organización territorial común, considerando los distritos tal como se establecen en el Plan de Gestión Territorial de Seguridad y Justicia.
Otro de los aspectos destacados es el circuito específico para niñas, niños y adolescentes. Durante el semestre ingresaron 735 personas a este dispositivo, concentrado en la Sede Norte, que contempla condiciones diferenciadas de atención, asistencia legal y articulación con el Fuero Penal Juvenil.
El informe también pone de relieve el trabajo de la Oficina de Medidas Adecuadas (OMA), que permite incorporar herramientas de justicia restaurativa y respuestas alternativas para determinados conflictos. Entre las experiencias relevadas se encuentran acuerdos que contemplaron reparación económica, reposición de daños y tareas comunitarias, con plazos de resolución de entre 13 y 30 días.
Desafíos para consolidar el modelo
A partir del análisis de los resultados, el COPEC identificó líneas de trabajo para profundizar la implementación del sistema. Entre ellas, se destacan la integración funcional entre las unidades de flagrancia y las fiscalías territoriales, el fortalecimiento del intercambio de información y el seguimiento de los casos derivados.
La evaluación también plantea la importancia de sostener la articulación entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y el Tribunal Superior de Justicia, junto con el monitoreo conjunto de los resultados, la capacitación de los equipos y la actualización de los instrumentos de trabajo.