El Consejo para la Planificación Estratégica de Córdoba (COPEC) presentó el documento “Análisis del impacto de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia”, un estudio que examina la relación entre las tareas desarrolladas por las Guardias —principalmente patrullaje preventivo y ordenamiento del tránsito— y la evolución de los indicadores delictivos y de siniestralidad vial registrados en la provincia.
El trabajo combina datos reportados por los referentes de las Guardias Locales de Prevención y Convivencia del interior de la provincia con las estadísticas mensuales de los principales delitos de la provincia de Córdoba, observando tendencias a lo largo del tiempo y no solo valores aislados. Además del análisis agregado provincial, el informe incorpora estudios puntuales para todos los departamentos —excepto Capital— con el fin de mostrar cómo estas tendencias se expresan en realidades territoriales diversas.
Principales indicios y tendencias identificadas
El estudio identifica un impacto claro en los hurtos, donde los departamentos con mayor cobertura de Guardias Locales presentan tasas sistemáticamente inferiores a los que no cuentan con ellas. Este comportamiento sugiere que el patrullaje preventivo que realizan las Guardias opera como un disuasivo relevante para los delitos de oportunidad, aunque no constituye la única variable a considerar.
En el caso de los robos, la dinámica fue distinta. El análisis muestra que, tras un período inicial con tasas elevadas, se observa en el último semestre una tendencia descendente y sostenida, lo que constituye un indicio positivo respecto al efecto de la consolidación territorial del programa, siempre en diálogo con la evolución provincial general.
Respecto al tránsito, el informe señala que, si bien, en la mayoría de los casos, las Guardias Locales ordenan el flujo vehicular y acompañan operativos locales, no se registran variaciones significativas en las tasas de accidentes con lesionados. La evidencia sugiere que la siniestralidad responde a factores estructurales que exceden el alcance de estas intervenciones.
El documento enfatiza que esta etapa del programa no permite conclusiones cerradas, sino la construcción de una línea de base robusta para medir su impacto en la convivencia ciudadana. En sus reflexiones finales se propone fortalecer los registros locales, incorporar indicadores específicos y avanzar hacia un sistema que permita captar intervenciones que hoy no se reflejan en los mapas del delito tradicionales.